La UIF y el SAT ordenaron el bloqueo de cuentas como parte de una investigación sobre operaciones ilícitas. Las empresas «Ganador Azteca» y «Operadora Ganador TV Azteca», subsidiarias del grupo, están entre las señaladas.
CIUDAD DE MÉXICO– La disputa entre el Gobierno Federal y Grupo Salinas ha escalado a un nuevo frente. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de 13 casinos como parte de una investigación por presunto lavado de dinero.
Fuentes federales confirmaron que, entre las empresas investigadas, se encuentran «Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V.» y «Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I. de C.V.», ambas señaladas como subsidiarias de TV Azteca, el conglomerado de medios propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
El bloqueo de cuentas es una medida cautelar ejecutada por la UIF cuando se detectan movimientos financieros irregulares o se presume la existencia de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta acción congela los flujos de capital de las entidades señaladas, impidiendo su operación financiera habitual mientras la investigación está en curso.
La inclusión de las subsidiarias de TV Azteca en esta investigación marca un punto de inflexión crítico en la relación entre el empresario y la administración federal.
Hasta ahora, el conflicto se había centrado principalmente en la arena fiscal, con el SAT reclamando a Grupo Salinas adeudos de impuestos históricos que, según declaraciones de la autoridad, ascienden a decenas de miles de millones de pesos. Este litigio fiscal se encuentra actualmente en su etapa definitoria, con varias resoluciones pendientes de fallo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin embargo, la acción de la UIF traslada el conflicto del ámbito fiscal-administrativo al terreno penal-financiero. Una investigación por presunto lavado de dinero implica un nivel de escrutinio mucho más severo y conlleva riesgos legales y reputacionales significativamente mayores.
La investigación no se limita a las empresas de Grupo Salinas, sino que abarca a una red de 13 casinos en total. No obstante, la implicación de dos entidades ligadas a un grupo empresarial que cotiza en bolsa y que mantiene un alto perfil público es el hecho de mayor relevancia financiera.
Este movimiento representa una nueva y severa presión sobre las operaciones de Grupo Salinas, que ya enfrenta un complejo litigio con acreedores en Estados Unidos por la deuda de TV Azteca y se mantiene a la espera de las resoluciones de la SCJN sobre sus adeudos fiscales.
Al momento de esta publicación, Grupo Salinas ha calificado la acción como parte de una «persecución de Estado» y «terrorismo fiscal», negando las acusaciones y asegurando que sus operaciones cumplen con todos los requerimientos legales.
